Hoy, las renovables; mañana, ¿las pensiones?

Hace unos días, El Confidencial publicó un artículo interesantísimo, pero que ha pasado prácticamente inadvertido. Se titula Un ‘inversor verde’ se toma la revancha con España y le saca 262 M en el Banco Mundial. Vayamos por partes.

El CIADI

En los años 50 y 60, tras la descolonización y el auge de la inversión extranjera en países en desarrollo (también conocidos como repúblicas bananeras), surgieron muchos conflictos entre gobiernos y empresas extranjeras. El Banco Mundial promovió el CIADI, (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones) para:

• Evitar la politización de esos conflictos (que a menudo acababan en tensiones diplomáticas).
• Establecer un foro neutral fuera de los tribunales nacionales.
• Dar garantías jurídicas a los inversores para que no temieran expropiaciones o cambios arbitrarios de reglas.
• Facilitar el flujo de inversión extranjera directa, especialmente hacia países en desarrollo.

El antiguo régimen de retribución de las energías renovables y su derogación

El gobierno de España quiso a principios de siglo acelerar la transición a energías renovables. Así que pergeñó el Real Decreto 661/2007 con un marco retributivo muy ventajoso para los inversores en estas tecnologías. Vamos, que les permitían cobrar su producción a precios muy por encima de los del mercado. El plan fue un éxito y atrajo a muchos inversores: era un chollo, una inversión con bajo riesgo y alta rentabilidad.

Pero luego llegó la crisis, cambió el gobierno, faltó el dinero. El plan que ideó el nuevo gobierno para resolver el problema consistió en derogar el régimen anterior, es decir, no pagar lo que se había comprometido. La derogación estableció una serie de cláusulas que hicieron inviable que los súbditos del reino de España reclamasen eficazmente las cantidades acordadas.

Sin embargo, los inversores extranjeros buscaron el amparo del CIADI —que, recuérdese, fue creado precisamente para eso— y comenzaron una serie de pleitos.

El caso de Eiser y los argumentos del reino de España

El artículo que cito al principio glosa el caso de Eiser, un inversor británico que ha obtenido recientemente del CIADI una indemnización de 262 millones de euros. En él se lee lo siguiente:

España y la Comisión Europea han intentado en esta ocasión alegar que, al ser una disputa dentro de la Unión Europea, el arbitraje bajo el Tratado de la Carta de la Energía no era posible. Un motivo que la mayoría del tribunal ha rechazado, defendiendo su competencia. La única opinión disidente fue del árbitro Marcelo Kohen, defendiendo la falta de jurisdicción pese a que Eiser es británico y ya no pertenece a la Unión Europea.

El tribunal del CIADI concluye que el cambio normativo de España quebró la estabilidad y previsibilidad prometidas, frustrando las expectativas legítimas generadas por la propia normativa española y la promesa contenida en la misma de que el régimen retributivo no se modificaría para inversiones existentes.

España también alegó que las ayudas de 2007 eran una ayuda de Estado ilegal, por no haber sido notificadas a la Comisión Europea y, por tanto, los inversores no podían tener una expectativa legítima de que se mantuviera el régimen retributivo. El tribunal rechazó esa defensa, ya que considera que argumentar que España no transmitiese a la Comisión Europea no elimina la expectativa legítima de los inversores de que ese régimen se aplicara según lo prometido.

Eiser tuvo la fortuna de no ser ciudadano ni de España ni de la UE, por lo que pudo disfrutar de derechos que a los súbditos se nos niegan. El argumento recogido en el tercer párrafo, que las ayudas eran ilegales y, por lo tanto, no cabía tener una expectativa de rentabilidad, es tragicómico. Si la noticia se refiriese a Ecuador o Guinea Ecuatorial, la leeríamos con inevitable condescendencia eurocéntrica, con quien ve danzar a los bantúes en un documental de la segunda cadena. Habría que ver la cara de los abogados arguyendo esas razones.

Pero eso es lo de menos. Lo de más son las pensiones.

¿Y las pensiones?

Ya hemos visto cómo cumple el reino de España y cómo hace cumplir a sus súbditos. Nos tiene hecha la promesa de que cuando nos jubilemos nos habrá de abonar ciertas cantidades por las que cotizamos a rajatabla mes a mes. Nos hace creer que tenemos expectativas legítimas generadas por la normativa española, iguales que aquellas con las que atrajeron inversores verdes hace veinte años.

Pero igual dentro de otros tantos no solo no cobraremos sino que aprenderemos que podíamos pretender tener una expectativa legítima de hacerlo no solo por la evidencia manifiesta y tantas veces discutida de que no habrá con qué pagarlas sino porque, además, cuando escribieron las normas en el BOE, lo hicieron cruzando los dedos en la espalda y que, por lo tanto, nada de lo reflejado en él aplica.

Ya veremos.